El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que las presiones que ejercieron el Ejército Mexicano, y sectores conservadores de la entidad, obligaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a retirar tres de cuatro iniciativas en donde reconocía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; por eso, “el gobierno de Guerrero, que se dice progresista: traiciona, abandona esta lucha, da la espalda, y hace alianza con las fuerzas conservadoras, que venían combatiendo a los pueblos indígenas”.
La noche del jueves, en la sesión del Congreso del Estado, se informó de la decisión de la gobernadora, y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentó una nueva reforma al Artículo 14 Constitucional, y la Ley Estatal de Seguridad Pública, en las que desconoce a las policías comunitarias, y su sistema de justicia y reeducación.
Entrevistado vía telefónica, el también abogado de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), lamentó que “el gobierno de Guerrero, esté dando un giro hacia la derecha, y un plano conservador; con más razón, protestaremos en Chilpancingo, el próximo 5 de abril, en las instalaciones del Congreso del Estado”.
Es muy grave lo que está sucediendo, añadió, “la gobernadora está recibiendo presiones de actores conservadores, de derecha, y de actores que tienen una visión más militar y policíaca, y que les asusta la autonomía de los pueblos indígenas, los derechos que puedan tener, y a estas presiones la gobernadora está cediendo”.
Recordó que esta semana el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, anunció que revisarían el tema de la seguridad, de la justicia y la reeducación como derechos de los pueblos indígenas. “Se suponía que este gobierno sería más receptivo de los pueblos indígenas, que vienen luchando por sus derechos, por su reconocimiento constitucional, a un estado pluricultural”.
En Guerrero “viven varias naciones originarias que tienen sus propias instituciones, su propia visión de la naturaleza, de la vida, y el mundo, y eso se traduce en su forma de organización social, política, y sus sistemas normativos, e instituciones comunitarias, que a lo largo de la historia han sido asimiladas con una política colonialista que pretende, asimilarlos y desaparecer a estos pueblos indígenas”.
Los pueblos indígenas, reiteró Rosales Sierra, “han resistido más de 500 años, y la lucha que iniciaron en 1990 es justamente para que no se siga invisibilizando a los pueblos indígenas, y se respete la autonomía y a libre determinación, de esas sociedades pluriculturales y sus derechos”.
Hoy en Guerrero, insistió, “se está poniendo oídos sordos, y se está dando la espalda a estas demandas; este gobierno que dice ser progresista, da la espalda, traiciona esa lucha que varios actores de este gobierno han acompañado en el pasado; hoy el partido en el gobierno, que antes era el PRD, y ahora son Morena, son fuerzas progresistas que habían venido acompañando y reivindicando, y exigiendo, el reconocimiento de estos pueblos”.
Ahora, con la mano en la cintura “dan la espalda, desconocen esta lucha, y asumen el continuismo de una política racista y discriminadora, que invisibiliza a los pueblos indígenas. La justificación del gobierno para no reconocer sus derechos, es el falso debate para no reconocer a las policías comunitarias”.
Es cierto que en Guerrero existen unas policías que son unas fachadas de la delincuencia organizada, “y hacer un reconocimiento de los pueblos indígenas, implicaría incorporarlas al marco legal, y eso no es así”.
Arguyó: “En primer lugar ha sido el propio estado quien ha sido timorato respecto a combatir a estos grupos delictivos, disfrazados de policías comunitarias; ellos (el gobierno) son los que no han querido combatirlos, y se han negado a desmantelarlos, pero han propiciado su existencia, y eso se pudo ver hace unas semanas en el municipio de Quechultenango, cuando retuvieron a elementos del ejército, y la cúpula militar va y dialogo con ellos, fue condescendiente, y hubo un diálogo con ellos”.
Sin embargo, días antes “con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, no hubo un diálogo, y nunca se presentaron las autoridades para dialogar, entonces sí se ve que hay condescendencia con esos grupos delictivos, que no han querido desmantelarlos, y desarticularlos, porque están fuera del marco legal, y son grupos delictivos. Es el propio Estado, quien es condescendiente con estos grupos”.
Por otro lado, al contrario, “dejando claro el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, como son la autonomía, la libre determinación, a sus sistemas normativos, a su justicia y reeducación que de manera ancestral vienen realizando, al hacer todo este reconocimiento constitucional, se dejaría afuera a dichos grupos armados, que no tienen una práctica y organización política, social desde el punto de vista del sistema normativo de los pueblos indígenas”.
Un tercer elemento, expuso, es que “en esta reforma están en juego una multiplicidad de los pueblos indígenas que no solo tiene que ver con reconocer a las policías comunitarias, que es un falso debate, y que por ahí el gobierno del estado quiere llevar la discusión”.
“No se trata de reconocer a las policías comunitarias, se trata de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, su autonomía, la libre determinación, sus sistemas normativos, a su forma de organización social y política; a su autogobierno, a la propiedad ancestral de la tierra y el territorio que tienen los pueblos indígenas, esto es lo que se tiene poner en el centro del debate”, concluyó.
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