El Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez dejó en claro que no sostendrá diálogo ni negociaciones con grupos de facto ni con personas que carezcan de reconocimiento legal, tras los recientes hechos de violencia y desplazamiento registrados en comunidades de la Montaña Baja.
Mediante un comunicado difundido la noche del 14 de mayo, fecha en que se confirmó el retorno de las familias desplazadas a Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán después de permanecer siete días refugiadas en Alcozacán, el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Mercedes Carballo Chino fijó una postura distinta a la expresada por autoridades estatales y federales sobre la posibilidad de establecer acuerdos con grupos señalados por habitantes como presuntos responsables del conflicto.
En el documento oficial, la administración municipal subrayó que mantendrá únicamente el diálogo institucional con autoridades reconocidas legalmente por las propias comunidades, como comisarios y delegados, elegidos mediante actas de asamblea.
La postura del municipio surge luego de la visita realizada el pasado 13 de mayo por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a los desplazados instalados en Alcozacán, donde la funcionaria federal planteó la necesidad de construir acuerdos para recuperar la paz en la región.
Durante ese encuentro, Rosa Icela Rodríguez expresó ante los habitantes afectados que era necesario “firmar un acuerdo de paz para que podamos vivir tranquilos y en paz”, en referencia al conflicto que afecta a distintas localidades de Chilapa.
Frente a ello, el Ayuntamiento reiteró que actuará estrictamente bajo el marco constitucional y legal, descartando cualquier tipo de interlocución con organizaciones o grupos ajenos a las instituciones, especialmente aquellos que han sido señalados públicamente por habitantes de la región por presuntos hechos de violencia, desapariciones y homicidios.
Asimismo, las autoridades municipales exigieron que los ataques ocurridos en las comunidades sean investigados y esclarecidos por las instancias competentes, además de demandar que los hechos no permanezcan impunes.
De igual forma, el gobierno local solicitó que la presencia de fuerzas estatales y federales continúe de manera permanente en la zona hasta que existan condiciones reales de seguridad para las comunidades afectadas por el conflicto.
En el mismo comunicado, el Ayuntamiento aseguró que desde el inicio de la actual administración se ha brindado atención institucional a las 154 comunidades del municipio, privilegiando el respeto, la coordinación y el diálogo.
Finalmente, el gobierno municipal exhortó a las comunidades de Zacapexco, Xochitempa, Nuevo Amanecer, Rincón de Chautla y Tula a llevar a cabo las asambleas correspondientes para la toma de protesta de sus autoridades comunitarias y fortalecer así los canales oficiales de coordinación.
